Un tribunal federal de apelaciones dictaminó este viernes que la suspensión del asilo en la frontera sur emitida por el presidente estadounidense Donald Trump es ilegal, lo que supone un golpe a la política migratoria de la Casa Blanca.
El fallo se refiere a una proclamación (212 f) que le permite al Ejecutivo estadounidense deportar sumariamente a los solicitantes de asilo que cruzan la frontera sin permitirles pedir protección.
La medida emitida por Trump el primer día de su mandato citaba una "invasión" como argumento para negar la protección de asilo a personas en riesgo de persecución, con lo que evadía la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Pero un panel del Tribunal de Apelaciones del Distrito de sostuvo que el mandatario no puede eludir las leyes aprobadas por el Congreso que permiten a los extranjeros solicitar asilo.
«Denegar el asilo de un solo golpe, sin información alguna sobre los individuos afectados, ignora necesariamente todo riesgo de persecución que estos enfrentan al ser obligados a regresar a su lugar de origen», escribió el tribunal en una extensa opinión.
Reacciones de organizaciones y autoridades tras el fallo
La Casa Blanca ha destacado que las admisiones de solicitantes de asilo que han llegado a la frontera son casi nulas desde que Trump asumió su segundo término en enero de 2025.
- El fallo representa una victoria para la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Centro de Estudios de Género y Refugiados, y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, que presentaron la demanda en nombre de varias organizaciones que brindan servicios legales a solicitantes de asilo y a un grupo de extranjeros afectados por la política.
"Esta decisión pone fin a la política inhumana de Trump de enviar a personas, incluidas familias con niños pequeños, de regreso a un peligro terrible sin siquiera una audiencia", declaró en un comunicado el abogado de la ACLU, Lee Gelernt, quien presentó la apelación.
El abogado subrayó que el tribunal "dejó claro" que el presidente no tiene el poder unilateral de anular todas las leyes de asilo promulgadas por el Congreso.
Por su parte, Keren Zwick, directora de litigios del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, dijo que tras el fallo espera que el gobierno de Estados Unidos "recuerde su obligación" de considerar las solicitudes de protección para refugiados y "se comprometa nuevamente" a defender los derechos fundamentales de las personas que solicitan protección.
La orden del tribunal no entrará en vigencia inmediatamente. Se espera que la Casa Blanca apele el fallo.
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